Los detectives privados españoles tienen una corta aunque fecunda historia.
En varios trabajos del firmante se ahondó sobre los pioneros del gremio. La génesis apuntan a ‘agentes de salón’ durante los reinados de Fernando VII e Isabel II durante el siglo XIX.A principios del siglo XX surgen varios datos que permiten situar a los que olfatearon los primeros casos de los sabuesos hispanos. De un lado, se sabe que la legendaria Pinkerton Detective Agency de Chicago fue contratada por Lloyd Aéreo (hoy Iberia LAE-IAG) para localizar maletas perdidas en el vuelo inaugural Barcelona-Madrid en 1927.
Primera agencia de detectives privados en España
Veinte años antes, en 1907, hay noticias sobre la instalación de Agencia ‘Internacional’ en Barcelona. En 1908 surge en la misma capital ‘American Office’. Es en 1920 cuando el considerado pionero español, o al menos sobre el que se admite como tal, Enrique Cazenevue Cortés monta agencia en las cercanías de calle Balmes, también en la Ciudad Condal, cuna de los sabuesos patrios. Cazenevue integró un equipo de profesionales importante que acabaron independizándose. Mientras daba charlas en Radio Barcelona (Unión Radio, hoy cadena SER) sobre el oficio y llegó a escribir un libro (Detectivismo) donde trasmitía sus conocimientos.En Madrid, sobre 1913, surgieron La Protectora y Oficina Internacional de Detectives. Estas dos agencias fueron el germen del afamado Instituto Fernández-Luna que acabó sus días con la segunda república (1931-1938).
Durante aquella breve experiencia democrática previa a la dictadura del General Franco surgieron agencias de investigadores privados en varias capitales españolas. Las lideraron cargos ‘depurados’ de Carabineros, Guardia de Asalto y Cuerpo de Investigación y Vigilancia cuando accedieron al poder los conservadores (CEDA y Radicales) durante el ‘bienio negro’.
El franquismo fue celoso de quienes manejaban información al margen de su implacable policía, inteligencia militar y espías de Falange. En 1951 publicó la primera norma para acotar el trabajo de los detectives privados. Les exigía renovar licencia cada año y el aval oficioso de la policía ay el sindicalismo vertical. Encuadró a las ‘agencias privadas de investigación’ –soslayando el término detective- en el Sindicato de Actividades Diversas en el entramado corporativo del nacionalsindicalismo.
En 1971 completó, agonizante, la Orden sobre las agencias pero para exigir más requisitos y avales policiales y sindicales.
El detective privado español con la Democracia
Con la Constitución democrática de 1978 se cambiaron los modos de ver al detective por parte del poder. Al final del mandato de Adolfo Suárez (1977-1981), concretamente en Enero de 1981 y bajo el sello del Ministro Juan José Rosón, se promulgaron sendos decretos del ministerio de educación e interior. En el primero se configura la carrera de detective en los institutos de criminología en tres cursos superiores. En el segundo se otorgaban licencias a los detectives, sus auxiliares y se evitaba la renovación de licencia anual. Las meteduras de pata se castigaban con suspensión o revocación de licencia.Es, desde finales de los setenta, cuando el gremio eclosiona al liberalizarse nuestras relaciones sociales, familiares y políticas. Surgen las primeras mujeres detective y centenares de agencias por todo el territorio estatal.
Durante el gobierno de Felipe González (1982-1996) surgen luces y sombras sobre los detectives privados españoles. De un lado, se asiste a la promulgación de las primeras decisiones judiciales que establecen jurisprudencia sobre el carácter probatorio, testifical y pericial de conducta y a un reconocimiento social del profesional de la investigación privada.
Ley de Seguridad Privada de 1992 y el Detective Privado
De otro, se cuece la impropia Ley de Seguridad Privada de 1992. Se completa con un Reglamento en 1994 que encarcela al detective privado en un contexto que nada tiene que ver con su trabajo de investigación que se liga más a juzgados que a comisarías.Aún reconociendo su singularidad operativa esta Ley parece un castigo contra los detectives. Algunos de ellos habían investigado el escándalo que hizo dimitir al vicepresidente Alfonso Guerra a cuenta de los trapicheos y corruptelas de su hermano Juan. También, sesudos informes de investigadores privados destaparon al que fuera primer director no militar de Guardia Civil Luis Roldán. El que fuera ministro Julián García Vargas tuvo que dimitir a cuenta de unas recalificaciones de terrenos que fueron investigadas por los afectados de una extraña trapisonda inmobiliaria.
Incómodos a un poder que prefiere tener aliados y no profesionales independientes con datos objetivos los detectives españoles se han multiplicado durante las últimas décadas aunque ahora acusan los devastadores efectos de la crisis.
Se ha concebido, por el nuevo gobierno del PP tras el que detentó José maría Aznar (1996-2004), una nueva Ley de Seguridad Privada en la que persiste el error de integrar a detectives con profesionales de dicho sector.
El duro e impagable régimen sancionatorio, control y fiscalización a priori de casos por la policía e inexplicable fianza y seguro que exige el texto de dicha norma hacen irrespirable al detective del siglo XXI su futuro profesional.
La crónica del investigador privado español supera cualquier ficción de sus colegas literarios o fílmicos. Las leyes terrenales condenarán, sin duda, a las cloacas al investigador privado. Son las mismas letrinas donde la sociedad acumula desechos cuyos propietarios se empeñan en castigar al mensajero de verdades incómodas.
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